Por Bruno Cortés
La discusión sobre la reforma al Poder Judicial volvió a encender el debate en el Congreso, y ahora con un enfoque que busca, según el diputado de Morena, Arturo Ávila Anaya, hacer más simple y ordenado el sistema de elección de jueces y magistrados en México.
En palabras del legislador, la propuesta impulsada desde el Ejecutivo no solo cambia fechas, sino que intenta rediseñar cómo se eligen las personas juzgadoras. El planteamiento más relevante es mover la elección judicial hasta 2028, para empatarla con la consulta de revocación de mandato. En términos prácticos, esto busca concentrar procesos electorales en una misma jornada, algo que desde la política pública suele justificarse como una forma de reducir costos y hacer más eficiente la organización electoral, aunque también implica una mayor carga para las instituciones electorales en un solo día.
Otro de los ajustes que trae la iniciativa es adelantar los trabajos de los comités de evaluación, que comenzarían en abril. Estos comités son los encargados de revisar perfiles de aspirantes a jueces y magistrados, es decir, funcionan como un filtro previo antes de que los nombres lleguen a las boletas. La lógica detrás del cambio, explicó Ávila, es dar más tiempo para revisar perfiles y evitar decisiones apresuradas.
El diputado también detalló que se plantea crear una comisión encargada de definir los requisitos de idoneidad para quienes aspiren a cargos judiciales, además de simplificar la boleta electoral. En lugar de un formato complejo, se busca que el ciudadano pueda identificar de forma más clara a los candidatos y el poder al que pertenecen, algo que en elecciones judiciales anteriores ha sido señalado como un problema de comprensión para el votante.
Dentro de los cambios más técnicos, la reforma incluye exámenes de conocimientos y procesos de capacitación para quienes aspiren a ser juzgadores, apoyados por instituciones del Poder Judicial. La idea, en teoría, es fortalecer la preparación de quienes terminan tomando decisiones clave en temas de justicia, desde sentencias penales hasta controversias constitucionales.
Pero la propuesta no se queda solo en el Poder Judicial. También incluye una reforma electoral para revisar a los candidatos desde antes de llegar a las boletas. Se plantea una comisión de verificación de integridad integrada por consejeros del INE y apoyada por instituciones como la FGR, la UIF y el Centro Nacional de Inteligencia, que tendría la tarea de detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada.
En este punto, Ávila enfatizó que no se trata de quitarle poder a los partidos políticos, sino de darles información adicional para que decidan si postulan o no a una persona. Es decir, el partido sigue teniendo la última palabra, pero con una especie de “alerta temprana” sobre posibles riesgos.
En el terreno político, el diputado también abordó un tema más ríspido: la insistencia de Morena en promover juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Ahí el discurso se endurece, al señalar presuntas irregularidades y cuestionamientos sobre la actuación de autoridades estatales en temas de seguridad y cooperación internacional.
Ávila sostuvo además que Morena no protegerá a nadie que incurra en delitos, sin importar su cargo, y puso como ejemplo casos recientes de detenciones de funcionarios en distintos niveles de gobierno como muestra de que, según su postura, hay acciones contra la corrupción y la ilegalidad.
Finalmente, también pidió acelerar el trabajo de la Sección Instructora en el caso del dirigente priista Alejandro Moreno, insistiendo en que ningún funcionario con fuero debe estar por encima de la ley.
En conjunto, el mensaje de fondo es claro: la reforma judicial y las reformas electorales que se discuten en San Lázaro no solo buscan modificar reglas técnicas, sino redefinir cómo se eligen y supervisan los perfiles de poder en México, desde jueces hasta candidatos.